El abogado Arturo Reynal O’Connor [./tag/629204/arturo-reynal-o-rsquo-connor], representante de un grupo inversor interesado en operar en el Puerto Quequén [./tag/26294/puerto-quequen], dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm [http://www.realpolitik.fm]) sobre la falta de definiciones del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén [https://puertoquequen.com/] en torno a la concesión de los principales sitios portuarios.
“En estos últimos días enviamos una intimación formal al directorio del consorcio. Lo que estamos buscando es una respuesta institucional clara, pero hasta el momento no tuvimos ninguna”, comenzó Reynal O’Connor.
El letrado explicó que representa a un grupo empresarial liderado por Enrique Pérez Decontardi [./tag/629207/enrique-perez-decontardi], un empresario con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector naviero, marítimo y exportador. “Es alguien que conoce profundamente el funcionamiento del puerto y está interesado en participar en una eventual licitación”, detalló.
En ese sentido, remarcó que el conflicto se origina en la falta de convocatoria a un proceso licitatorio pese a que la concesión vigente se encuentra vencida. “Los sitios cuatro y cinco están operados desde 1992 por una empresa cuya concesión está vencida hace más de tres años. Sin embargo, en lugar de llamar a licitación, se otorgaron prórrogas”, advirtió.
Reynal O’Connor señaló que durante años las propias autoridades del consorcio que preside Mariano Carrillo [./tag/40051/mariano-carrillo] anunciaron públicamente que se avanzaría en un proceso licitatorio. “Eso generó expectativas en distintos actores del sector productivo, que se prepararon e invirtieron para competir. Nuestro cliente, por ejemplo, desarrolló estudios técnicos, ambientales y económicos, además de estructurar una propuesta concreta”, explicó.
“Lo que no se entiende es por qué, después de esos anuncios, nunca se convocó a licitación. Esto afecta principios básicos como la buena fe administrativa, la confianza legítima y la coherencia en los actos del propio estado”, sostuvo.
Ante este escenario, el abogado indicó que se decidió avanzar con una intimación formal para exigir definiciones en un plazo de diez días. “Pedimos que informen si van a convocar a licitación, cuál sería el cronograma o, en caso contrario, cuáles son los fundamentos para no hacerlo. No es un planteo complejo, es simplemente pedir claridad”, remarcó.
PUERTO QUEQUÉN.
Asimismo, no descartó avanzar por otras vías si no hay respuesta. “Estamos analizando distintas alternativas, que pueden incluir un pedido de informes en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires [https://share.google/4EsHa0HFkrQhyvsxF] o incluso acciones judiciales contra el ente y eventualmente contra los directores responsables”, adelantó.
Consultado sobre el rol del puerto, Reynal O’Connor fue contundente: “El Puerto Quequén es una infraestructura estratégica para toda la región y uno de los más importantes del país. Esto no es un ataque a su funcionamiento, sino un reclamo por previsibilidad institucional y reglas claras”.
Finalmente, insistió en la necesidad de certezas para el sector privado: “Cuando un organismo anuncia una licitación, los actores económicos confían y organizan inversiones en función de eso. Lo que falta hoy es una respuesta clara que permita actuar en consecuencia”. (www.REALPOLITIK.com.ar)