El empresario y su abogado, principal vocero político de ALMAR en la provincia, son señalados por trabajadores y fuentes del sector como los responsables de una estrategia que dejó al yacimiento deteriorado y a sus empleados sin red de contención. Mientras el yacimiento se vaciaba, Giménez salía a cuestionar al gobernador.
Hay dos nombres que se repiten en los testimonios de trabajadores y fuentes vinculadas al yacimiento San Sebastián cuando se habla del deterioro de la operación: José Luis Viveros, titular de ALMAR, y Paco Giménez, el abogado riograndense que durante años funcionó como su cara pública y operador político en la provincia.
Juntos, según surge de fuentes consultadas por este medio, condujeron una estrategia que combinó desidia operativa, aprovechamiento de la transición entre YPF y la administración provincial, y una serie de decisiones que terminaron perjudicando a todos los fueguinos
El consejo que salió caro
Cuando YPF anunció su retiro del yacimiento y ofreció indemnizaciones al 120% del valor legal, fue Giménez quien tomó la palabra. El letrado recomendó no aceptar. El argumento era que YPF no iba a abandonar realmente el yacimiento, que la oferta era táctica y que la espera iba a rendir frutos.
YPF se fue. Los frutos no llegaron.
"Giménez nos dijo que no aceptáramos, que YPF se quedaba. Hoy no tenemos indemnización ni certeza de nada" , dijo a este medio un trabajador.
"Giménez nos dijo que no aceptáramos, que YPF se quedaba."
Mientras el yacimiento acumulaba equipos sin mantenimiento, contratos prorrogados sin licitación y una estructura de subcontratación que se llevaba millones lejos de los trabajadores, Giménez mantenía su perfil público activo en otro registro: el de la crítica política al gobierno provincial.
En una entrevista radial emitida recientemente por Radio Provincia y recogida por el portal Costo Político, el abogado apuntó contra el gobernador Gustavo Melella.
La paradoja no pasó desapercibida entre quienes conocen su vínculo con ALMAR: el mismo hombre que cuestionaba la gestión provincial era, al mismo tiempo, el vocero de una empresa a la que trabajadores y fuentes del sector sindican como uno de los factores del deterioro del yacimiento más importante de la zona norte.
El mismo hombre que cuestionaba la gestión provincial era el vocero de una empresa señalada por el deterioro del yacimiento.
Viveros, por su parte, eligió el silencio. Mientras en redes sociales circulaban videos de camiones de ALMAR abandonando el yacimiento San Sebastián antes del vencimiento del contrato —fijado para el 1° de junio—, el empresario no emitió ninguna declaración pública.
Los trabajadores que se presentaron al yacimiento en los últimos días lo hicieron sin los elementos básicos de protección personal. Fuentes con acceso al predio describieron a este medio un escenario de abandono progresivo y deliberado incl
"Viveros nunca apareció. Giménez habla en los medios de política provincial mientras acá la gente no sabe qué va a pasar con su trabajo", resumió una fuente del sector que pidió reserva de identidad.
Un patrón que viene de lejos
Las fuentes consultadas por este medio coinciden en que el vaciamiento del yacimiento San Sebastián no fue un hecho aislado ni repentino. Fue el resultado de años de contratos prorrogados sin auditoría, de una estructura de intermediación que concentraba los ingresos lejos de los trabajadores, y de una complicidad con el retiro progresivo de YPF que se profundizó desde el cambio de gestión nacional.
En ese proceso, Viveros y Giménez cumplieron roles complementarios: uno operaba la empresa, el otro construía cobertura política y pública. Mientras tanto, el yacimiento se deterioraba y los trabajadores perdían las herramientas legales que hubieran podido protegerlos.
Hoy, con los contratos venciendo el 1° de junio y los camiones ya en movimiento, lo que queda es la pregunta que se hacen los propios trabajadores: ¿quién responde por esto?
"Viveros nunca apareció. Giménez habla de política mientras acá la gente no sabe qué va a pasar con su trabajo."