La titular del Juzgado Federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar que ordena frenar el proyecto petrolero Sea Lion. El emprendimiento, identificado en el expediente como "León Marino", se ubica sobre la plataforma continental argentina, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una zona alcanzada por la disputa de soberanía con el Reino Unido.
La resolución ordena a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas al proyecto. La prohibición incluye perforaciones del lecho marino, instalación de infraestructura submarina, puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, obras portuarias y terrestres de apoyo y el inicio de la extracción comercial.
El eje del fallo es ambiental. La jueza señaló que las empresas no iniciaron el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ante la autoridad nacional, como exigen la Ley General del Ambiente y la Ley 26.659, que regula la actividad hidrocarburífera en la plataforma continental. La cautelar regirá hasta que se cumpla ese trámite o hasta que el juzgado disponga otra cosa.
Borruto consideró que Sea Lion ya dejó atrás la etapa de proyecto y entró en ejecución. Tomó en cuenta los contratos firmados para adaptar unidades flotantes y la decisión final de inversión adoptada por el consorcio a fines de 2025.
Además, intimó a las compañías a informar en diez días, con carácter de declaración jurada, el estado actual del proyecto.
La presentación la hicieron el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). En su resolución, la jueza sostuvo que la causa excede lo técnico-ambiental, porque también involucra la defensa de la soberanía nacional como bien colectivo.
La propia magistrada reconoció los límites de la medida: su ejecución depende de la cooperación internacional y de la conducta de las empresas. Los demandantes ya anticiparon que, si la orden se incumple, avanzarán con pedidos de embargo sobre los activos vinculados al proyecto. En paralelo, en Comodoro Py avanza una investigación penal sobre empresas ligadas a la exploración petrolera en torno a las islas.
El freno a Sea Lion lo consiguieron veteranos de guerra y abogados ambientalistas a través de la Justicia. El Gobierno nacional, eligió recién ahora mostrar gestos sobre la cuestión Malvinas, con un proyecto de Defensa de la Soberanía que todavía debe pasar por el Congreso.