Dos trabajadoras de la Dirección Provincial de Puertos presentaron un amparo. El organismo nacional respondió que no es su empleador y que las obligaciones salariales siguen a cargo de la Provincia.
La Justicia federal avanza en el tratamiento del amparo presentado por dos trabajadoras de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) en el marco de la intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesta por el Gobierno nacional en enero. Se trata de la primera causa de estas características contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
La demanda plantea que el organismo nacional ejerce facultades de administración sobre la terminal sin asumir la responsabilidad económica y laboral sobre los trabajadores alcanzados por la medida. El eje del planteo es la situación de revista del personal y el pago de los salarios durante el período de intervención.
En su presentación ante el juzgado, la ANPyN sostuvo que no reviste el carácter de empleadora de las amparistas. Según su argumento, las trabajadoras mantienen una relación de empleo con la provincia de Tierra del Fuego y, por lo tanto, las obligaciones salariales y laborales continúan siendo responsabilidad del organismo provincial.
El organismo también negó haber despedido o suspendido personal. Aclaró que determinó qué trabajadores resultaban esenciales para el funcionamiento de la terminal, y que el acceso al predio quedó bajo control de la Prefectura Naval Argentina.
El punto central de la controversia es la distribución de responsabilidades que resulta del esquema vigente: la administración de la terminal y sus ingresos quedó bajo la órbita nacional, mientras la discusión sobre quién asume el costo salarial del personal permanece abierta.
La respuesta de la ANPyN constituye su posición dentro del proceso y no implica una resolución sobre el fondo de la causa. El juzgado deberá ahora pronunciarse sobre el planteo.