El Gobierno de Tierra del Fuego formalizó su presentación en la causa judicial que tramita contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por el proyecto Sea Lion, identificado como León Marino en el expediente, ubicado sobre la plataforma continental argentina a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La presentación fue realizada por la Fiscalía de Estado provincial ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto. La Provincia solicitó que se mantenga vigente la medida cautelar dictada en septiembre, que ordenó a las empresas abstenerse de iniciar o continuar las obras vinculadas al emprendimiento, y pidió además que el Gobierno nacional sea citado a participar del proceso.
Entre los fundamentos, Tierra del Fuego planteó que el riesgo del proyecto no se limita a la disputa de soberanía, sino que alcanza también las consecuencias ambientales y los eventuales daños derivados de la actividad hidrocarburífera en la zona.
En la misma instancia fue admitido el Municipio de Río Grande, cuya participación fue confirmada por el intendente Martín Pérez. De este modo, la Provincia y el Municipio se suman a la causa impulsada originalmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
La acción judicial se apoya en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental tramitada ante la autoridad argentina y en la Ley 26.659, que regula la actividad hidrocarburífera en la plataforma continental. El reclamo provincial coincide con la posición que el Gobierno nacional viene sosteniendo contra las empresas que operan en el área de las islas sin autorización argentina.