La compañía británica Rockhopper Exploration ratificó su plan para avanzar con la explotación del yacimiento Sea Lion, identificado como León Marino en el expediente judicial argentino, ubicado sobre la plataforma continental a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
Según informó la empresa en su balance, el objetivo de obtener el primer petróleo se mantiene para el primer trimestre de 2028. El cronograma contempla el inicio de la perforación de desarrollo a comienzos de 2027. La unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu se encuentra en preparación en el sudeste asiático, luego de inspecciones realizadas en el Reino Unido, y la compañía proyecta la incorporación de una segunda unidad para ampliar la producción eventual.
En materia de financiamiento, Rockhopper indicó que en agosto obtuvo 200 millones de dólares mediante un aumento de capital y una oferta abierta, lo que le permitiría cubrir las etapas de desarrollo hasta mediados de 2028.
Respecto de las medidas adoptadas por Argentina, la empresa consignó que tanto el Gobierno británico como el de las islas las caracterizaron como ilegítimas y carentes de justificación jurídica. También sostuvo que Navitas Petroleum, operador del proyecto con el 65% de participación, cuenta con licencias otorgadas por las autoridades isleñas, y afirmó que no espera un impacto significativo sobre el desarrollo del emprendimiento. Rockhopper mantiene el 35% restante.
El proyecto está alcanzado por la medida cautelar dictada en septiembre por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, que ordenó a ambas compañías abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras vinculadas al emprendimiento hasta que se tramite la evaluación de impacto ambiental prevista en la legislación argentina. La resolución alcanza las perforaciones, la instalación de infraestructura submarina y el inicio de la extracción comercial.
Esta semana, el Gobierno de Tierra del Fuego se presentó en la causa a través de su Fiscalía de Estado para pedir que la cautelar se mantenga vigente, y el Municipio de Río Grande también fue admitido como parte. La causa fue impulsada originalmente por el CECIM La Plata y la Asociación de Abogados Ambientalistas.