El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, reavivó la tensión diplomática entre la Argentina y Chile. El punto de fricción es el respaldo logístico que la operación recibe desde territorio chileno, en particular desde Punta Arenas, puerto desde el cual se articula buena parte del abastecimiento hacia el archipiélago.
La Cancillería argentina objetó que delegaciones empresarias de las islas fueran recibidas en Punta Arenas para desarrollar una misión comercial, y manifestó su oposición a que desde territorio chileno se brinde apoyo logístico a la exploración y explotación petrolera que llevan adelante Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El canciller Pablo Quirno puso el foco sobre ese corredor y planteó la expectativa de que Chile respete los tratados vigentes.
La discusión se desarrolla en paralelo a otro foco de tensión. El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, reconoció el reclamo argentino sobre las islas pero sostuvo que el Reino Unido ejerce una soberanía de hecho desde hace dos siglos. Quirno desestimó esa definición al señalar que la palabra de un presidente pesa más que la de un ministro.
En ese escenario, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se sumó como querellante en la causa contra el proyecto Sea Lion, en respaldo de la posición argentina sobre la soberanía del archipiélago. La provincia ya se había presentado días atrás a través de su Fiscalía de Estado ante el Juzgado Federal de Río Grande, con el pedido de que se mantenga vigente la medida cautelar que ordena a Rockhopper y Navitas abstenerse de avanzar con las obras. El Municipio de Río Grande también fue admitido como parte.
Desde la provincia se advierte además que los buques que operan desde Punta Arenas hacia las islas atraviesan aguas de jurisdicción fueguina, un argumento que abre la discusión sobre las herramientas que Tierra del Fuego puede aplicar sobre ese corredor.
La causa judicial fue impulsada originalmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación de Abogados Ambientalistas, y se apoya en la falta de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina y en la Ley 26.659, que regula la actividad hidrocarburífera en la plataforma continental.