La Fundación Agustina Lerena presentó una demanda colectiva ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel E. Borruto, por la explotación de recursos pesqueros en el área de las Islas Malvinas realizada sin autorización de la Argentina. La fundación está presidida por César Lerena, que además dirige el Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL), y la presentación cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
Es el mismo juzgado que había ordenado frenar los trabajos del proyecto petrolero Sea Lion, aunque se trata de causas distintas y sin relación procesal entre sí.
Se trata de una acción colectiva que persigue dos objetivos: la indemnización de los daños y la recomposición del daño ambiental colectivo. El reclamo comprende daño material, daño moral y daño punitivo, y la presentación solicita además medidas cautelares sin audiencia previa de las demandadas.
El monto reclamado no es una cifra única sino un rango. La demanda parte de 4.101.131 toneladas de productos pesqueros que, según su estimación, fueron extraídos sin autorización argentina entre 1989 y 2025, un promedio cercano a las 250.000 toneladas anuales. Valuadas a precios FOB de exportación, esas capturas equivalen a US$12.351 millones. Valuadas a precios mayoristas, a US$26.464 millones. A ese capital la presentación suma actualizaciones, costas y conceptos tributarios que considera no ingresados: derechos de captura, derechos de exportación, IVA, Ganancias, tasas de inspección y derechos aduaneros.
La demanda identifica varios grupos de demandados con imputaciones distintas:
Doce empresas de bandera española, a las que se atribuye haber realizado capturas en la zona sin autorización argentina.
Siete sociedades mixtas integradas por armadores españoles y empresarios vinculados a las islas.
Cuatro bancos españoles, tres astilleros y tres aseguradoras, junto con directivos y responsables. A estos no se les imputa haber pescado, sino haber participado en el financiamiento y el sostenimiento de las operaciones.
Tres pesqueras argentinas con vínculos societarios o comerciales con firmas que operan en Malvinas, y ocho empresas agrupadas en ACEMIX. Para este grupo la demanda pide la aplicación de las sanciones previstas en la legislación pesquera argentina, incluida la caducidad de permisos de buques y la pérdida de habilitaciones.
La presentación también cuestiona las licencias otorgadas por las autoridades de las islas, entre ellas renovaciones por plazos de 25 años.
La demanda se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, en la Ley General del Ambiente 25.675, en la Ley Federal de Pesca 24.922 y, en particular, en su artículo 27 bis, incorporado por la Ley 26.386, que establece consecuencias para las empresas con permisos argentinos que mantengan vínculos con firmas que operen sin autorización en el área de Malvinas.
Invoca además la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras esté pendiente la negociación de soberanía, y estudios del INIDEP según los cuales los recursos capturados integran poblaciones que también transitan por la Zona Económica Exclusiva argentina.
El eje del planteo es que las licencias británicas no sustituyen la autorización argentina exigida por la legislación nacional.
La demanda fue presentada. Hasta el momento no hay resolución del juzgado sobre su admisión ni sobre las medidas cautelares solicitadas, y ninguna de las empresas o entidades mencionadas ha sido condenada en esta causa. Los montos difundidos corresponden a la estimación de la parte demandante.
La fundación anticipó que evalúa una segunda demanda contra empresas pesqueras de otras empresas, y que busca extender las acciones a proveedores de combustible, transporte y servicios marítimos de Argentina, Uruguay y Chile.