La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego resolvió avanzar con una denuncia penal contra las autoridades de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por la obstrucción reiterada de inspecciones ambientales en el Puerto de Ushuaia. La decisión se formalizó mediante la Resolución F.E. N° 85/2026, del 13 de octubre, sobre la base del Dictamen F.E. N° 12/2026 elaborado por el fiscal adjunto Maximiliano Tavarone.
Según el dictamen, inspectores de la Secretaría de Ambiente provincial fueron impedidos de ingresar al puerto en tres oportunidades: el 25 de agosto, el 1 de septiembre y el 17 de septiembre de 2026.
Las inspecciones buscaban verificar las condiciones ambientales de las instalaciones portuarias, la gestión de residuos peligrosos y el cumplimiento de la legislación ambiental provincial.
La presentación se encuadra en cuatro artículos del Código Penal: el 248, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; el 249, por omisión, rechazo o retardo ilegal de actos; el 241 inciso 2, por impedimento de actos funcionales de autoridades públicas; y, eventualmente, el 239, por resistencia o desobediencia.
La denuncia se presenta ante el Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Sur. La Fiscalía de Estado aclaró de manera expresa que la presentación no implica una declaración de culpabilidad: corresponde a la Justicia determinar si hubo delito y quiénes fueron responsables.
Según consta en el expediente, la ANPyN sostuvo que las inspecciones requerían información adicional y planteó que la agencia tendría responsabilidad ambiental primaria sobre el puerto. La Fiscalía señala además que el organismo negó haber impedido el ingreso de los inspectores.
El planteo central de la Fiscalía es jurisdiccional. Sostiene que la intervención federal del puerto no suspende la vigencia de las leyes provinciales ni transfiere las competencias ambientales de la provincia, y recuerda que el Puerto de Ushuaia pertenece al dominio público provincial.
La legitimidad misma de la intervención está siendo discutida en otra instancia: Tierra del Fuego la cuestionó judicialmente y el planteo se encuentra ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La denuncia penal corre por una vía separada y se refiere a los hechos concretos de los tres impedimentos, no a la validez de la intervención.
La Dirección General de Gestión Ambiental informó que durante 2025 hubo residuos peligrosos almacenados en el puerto sin que se registraran operaciones de transporte, tratamiento o disposición final.
Conviene precisar el alcance de ese dato: el expediente no acredita un daño ambiental actual. Lo que la Fiscalía plantea es que, sin acceso de los inspectores, la provincia no está en condiciones de verificar el estado de cumplimiento, y que esa imposibilidad es en sí misma el objeto de la denuncia.
Con la denuncia presentada, corresponde al Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Sur decidir si abre la investigación y qué medidas dispone. En paralelo, la discusión sobre la intervención del puerto continúa su curso ante la Corte Suprema.