El fiscal de Ushuaia Nicolás Arias imputó a Iñaki Miguel Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, e impedimento o estorbo a un funcionario público en el cumplimiento de un acto propio de sus funciones.
La imputación se originó en la denuncia penal que presentó la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, resuelta la semana pasada por la Resolución F.E. N° 85/2026, sobre la base del dictamen del fiscal adjunto Maximiliano Tavarone.
El objeto de la causa son los impedimentos de ingreso al Puerto de Ushuaia, intervenido por la ANPyN desde enero, a funcionarias de la Secretaría de Ambiente provincial que debían realizar la Auditoría Ambiental Anual sobre residuos peligrosos.
El expediente registra tres episodios. El 25 de agosto se negó el acceso a tres funcionarias. Al día siguiente, la provincia pidió por nota a Arreseygor que habilitara el ingreso; respondió el 31 de agosto desconociendo las facultades de control provinciales. El 1 de septiembre se volvió a negar el acceso por el mismo motivo. El 17 de septiembre se denegó nuevamente el ingreso a tres funcionarias, pese a que la inspección había sido anunciada.
El fiscal solicitó además que se investigue a otros funcionarios y agentes que hubieran dispuesto, transmitido o ejecutado los impedimentos de ingreso.
El punto que define el futuro inmediato de la causa es cuál fuero debe tramitarla.
Arias sostiene que corresponde a la justicia provincial, porque la ANPyN actuó como administradora de un establecimiento que pertenece al dominio público provincial y que está intervenido, sin que esa intervención transfiera las competencias ambientales de la provincia.
La jueza de instrucción N° 2, María Cristina Barrionuevo, se declaró incompetente y remitió el expediente al Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete. Antes de resolver la competencia definitiva, Calvete dio vista a la Fiscalía Federal. Hasta tanto se resuelva ese punto, el avance de la investigación queda condicionado.
La legitimidad de la intervención del Puerto de Ushuaia se discute en una causa distinta, que tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación después de que la provincia la cuestionara judicialmente. La imputación penal corre por una vía separada y se refiere a los hechos concretos de los impedimentos de ingreso, no a la validez de la intervención.
En el expediente consta también que durante 2025 hubo residuos peligrosos almacenados en el puerto sin que se registraran operaciones de transporte, tratamiento o disposición final. La Fiscalía de Estado había precisado que no se acreditó un daño ambiental actual, y que el objeto de la denuncia es la imposibilidad de verificar el cumplimiento.
Una imputación es el acto por el cual el fiscal atribuye formalmente a una persona la posible comisión de un delito y la incorpora como parte al proceso. No es una condena ni una declaración de culpabilidad: Arreseygor conserva el derecho a defenderse y la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.