El Puerto de Ushuaia está intervenido desde el 20 de enero de 2026, cuando la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dictó la Resolución 4/2026, que dispuso la medida por doce meses. Desde entonces, los trabajadores desplazados de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) vienen cuestionando públicamente el costo de los servicios que la administración nacional contrató para operar la terminal.
El trabajador portuario Gastón Castillo detalló la comparación de costos entre los servicios previos y los licitados bajo la intervención.
El caso que planteó con más énfasis es el de Higiene y Seguridad: “Estamos hablando de un servicio de 25 millones anuales a 304”, señaló, sobre el valor oficial del nuevo llamado. El nuevo esquema incorpora a un licenciado en Higiene y Seguridad y a un técnico. “Llama muchísimo la atención porque encima es el mismo servicio”, agregó. Según el mismo relevamiento, el servicio de limpieza y mantenimiento pasó de menos de $70 millones a cerca de $500 millones, y se licitaron trabajos sobre la cisterna por alrededor de $140 millones.
Dos contrataciones figuran en los registros públicos con un rasgo en común: una sola oferta.
El 13 de julio, la Administración General de Puertos —que se encuentra en liquidación y conduce Juan Bernasconi— adjudicó la Licitación Privada 03/2026 a Nadir Soluciones Integrales SAS, única oferente, por $80 millones más IVA. El objeto es un relevamiento de la infraestructura del Puerto de Ushuaia más tareas de regularización dominial, con un plazo de 120 días hábiles desde la orden de compra. La oferta quedó $162.690 por debajo del presupuesto oficial de $80.162.690, una diferencia del 0,20%. La empresa fue constituida en junio de 2018 y no se registran adjudicaciones previas a 2026 por trabajos similares en infraestructura portuaria.
El 9 de octubre, la ANPyN dictó la Resolución 60/2026 por $2.550 millones para relevamientos georreferenciados de puertos de todo el país. Nadir fue también la única oferente.
En materia de seguridad, el registro oficial de la AGP consigna la Licitación Pública 04-2026, cuyo objeto es el “servicio de vigilancia privada destinado a la protección de bienes, personas e infraestructuras bajo la jurisdicción de la Administración General de Puertos S.A.U. y las delegaciones de ANPyN”. Fue adjudicada a la UTE en formación integrada por MURATA S.A. e INTERSERV SEGURIDAD S.R.L. por $7.892.760.000 más IVA, con apertura de ofertas el 28 de mayo.
El conflicto laboral corre en paralelo. Según los trabajadores de la DPP, desde el 21 de enero el personal operativo no pudo volver a ingresar a sus puestos en la terminal. Valeria Barría señaló que 82 trabajadores del plantel operativo permanecían sin acceso, sobre un total de 140 empleados afectados, incluidos trabajadores de Río Grande. Varios cumplen hoy tareas administrativas en oficinas externas de la DPP.
“Nos sacaron todo”, resumió Barría. “Hay compañeros que todavía no pudieron recuperar ni sus pertenencias personales”, agregó. Los trabajadores califican la medida como una usurpación y cuestionan tanto sus fundamentos técnicos como la tercerización de servicios y el control de la recaudación portuaria.
La legitimidad de la intervención se discute ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de que la provincia la cuestionara judicialmente.
Por una vía separada avanza la causa penal por los impedimentos de ingreso a los inspectores ambientales provinciales: el fiscal de Ushuaia Nicolás Arias imputó esta semana al director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Miguel Arreseygor, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público e impedimento a un funcionario público en el cumplimiento de sus funciones. Esa causa está en disputa de competencia entre el fuero provincial y el federal.
La Resolución 4/2026 fijó la intervención por doce meses, de modo que el plazo original vence en enero de 2027. Qué ocurre entonces —prórroga, devolución de la administración a la provincia o una nueva figura— es la definición que ordena todo lo demás, incluida la situación de los 140 trabajadores afectados y la continuidad de los contratos vigentes.