El Juzgado de Instrucción N° 2 ordenó mediante una resolución del 28 de octubre el allanamiento del Puerto de Ushuaia, con el objetivo de garantizar el ingreso del personal técnico de la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego. La medida se dictó en el marco de la investigación penal por las denuncias contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
La resolución se fundó en cuatro intentos de inspección que, según la denuncia, fueron impedidos: el 25 de agosto, el 1 y el 17 de septiembre y el 19 de octubre. El juzgado consideró que las obstrucciones reiteradas y la necesidad de verificación presencial justificaban la medida. La Fiscalía de Estado provincial, que había presentado la denuncia penal, pidió la intervención judicial invocando el artículo 204 del Código Procesal Penal. El juzgado citó además las leyes provinciales 55, 105 y 1126.
La medida la llevó adelante la Prefectura Naval Argentina, con autorización para emplear la fuerza pública si resultaba necesario. Participaron funcionarios provinciales de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos. La inspección estaba prevista para comenzar a las 14.
Los inspectores tenían que verificar la acumulación de residuos peligrosos, derrames de hidrocarburos y contaminación de agua en nueve sectores del predio, entre ellos el Muelle de Catamaranes, el Taller Mecánico, la Plazoleta Fiscal, antiguas áreas de tanques de combustible y zonas de relleno con chatarra y tambores. También debían relevar los puntos de drenaje y descarga.
La provincia sostiene que desconoce el destino de los residuos peligrosos que estaban declarados antes de la intervención federal del puerto, y que sin acceso de los inspectores no puede verificar el estado de cumplimiento de la normativa ambiental.
La ANPyN, por su parte, afirmó que no hay residuos peligrosos almacenados dentro de las instalaciones y que allí no se realizan actividades de mantenimiento que los generen. En presentaciones anteriores el organismo había sostenido que las inspecciones requerían información adicional y que tendría responsabilidad ambiental primaria sobre el puerto.
El puerto está intervenido por la ANPyN desde el 20 de enero, por la Resolución 4/2026, con un plazo de doce meses. La provincia cuestionó judicialmente esa intervención y el planteo se tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En paralelo, el fiscal de Ushuaia Nicolás Arias imputó la semana pasada al director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Miguel Arreseygor, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público e impedimento a un funcionario público en el cumplimiento de sus funciones, en una causa que quedó en discusión de competencia entre el fuero provincial y el federal.