El juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, condenó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y a la Administración General de Puertos (AGP) a entregar la información pendiente sobre la administración y los fondos del Puerto de Ushuaia, en un plazo de diez días. La sentencia se dictó el viernes 30 de octubre.
El fallo resolvió una acción de amparo por acceso a la información pública, encuadrada en la Ley 27.275, que promovió el diario “El Diario del Fin del Mundo” con el patrocinio del abogado Manuel Raimbault. No se trata de la causa que la provincia tramita contra la intervención, sino de un reclamo de un medio de comunicación por información que había solicitado y no obtuvo.
La sentencia ordena completar lo requerido en varios capítulos: ingresos, erogaciones, contrataciones, operaciones bancarias y gastos operativos, con su detalle correspondiente; los gastos salariales financiados con fondos públicos, sin identificar la remuneración individual de cada trabajador; las instrucciones o criterios que restringieron el ingreso o la permanencia de trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos en las instalaciones intervenidas; y la información sobre seguridad portuaria, que incluye planes de protección, certificaciones, habilitaciones, protocolos ante derrames y mercancías peligrosas, personal especializado y el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.
También deben entregarse los expedientes administrativos vinculados con los pedidos de información.
El juez dispuso levantar de inmediato la reserva de las actuaciones judiciales, de modo que la causa deja de estar restringida. Solo continuará reservada una presentación de la AGP que contiene datos personales sin disociar.
Ambos organismos pueden recurrir. Si la apelación se concede con efecto suspensivo, la entrega de la información puede postergarse hasta que la sentencia quede firme; si se concede con efecto devolutivo, deben cumplirla mientras se revisa.
Sobre el significado del fallo, el patrocinante del amparo sostuvo: “Es muy importante el reconocimiento por parte de un tribunal federal de que no existía acceso a la información”.
El Puerto de Ushuaia está intervenido por la ANPyN desde el 20 de enero, mediante la Resolución 4/2026, con un plazo de doce meses. La provincia cuestionó la intervención ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La semana pasada, el Juzgado de Instrucción N° 2 ordenó el allanamiento de la terminal para garantizar el ingreso de los inspectores de la Secretaría de Ambiente provincial, con una resolución firmada por el juez Sergio Pepe en subrogancia, después de cuatro intentos de inspección bloqueados. Y el fiscal Nicolás Arias imputó al director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Miguel Arreseygor, en una causa que quedó en discusión de competencia entre el fuero provincial y el federal.