Cinco listas en carrera: los abogados fueguinos eligen el 27 a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura

La abogacía de Tierra del Fuego elegirá el viernes 27 de noviembre a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección de magistrados provinciales. Las candidaturas ya quedaron oficializadas.

Por el Distrito Judicial Sur, con sede en Ushuaia, compiten Alejandro Pagano Zavalía con María Eugenia Chiarvetto Peralta, y Clemente Luis Vidal Oliver con Rocío Tamara Basbous.

Por el Distrito Judicial Norte, que comprende Río Grande y Tolhuin, se presentaron Gonzalo Héctor Eduardo Zeni con Emma Luisa Matorras, Renán Eduardo Uribe Martínez con Paula Andrea Barrionuevo, y Rosa Mandina Andrade con José G. Rodas Fernández.

Cada distrito judicial elige un consejero titular y un suplente, conforme al artículo 160 de la Constitución provincial.

Las candidaturas quedan abiertas a oposiciones, y el Juzgado verificará que los postulantes reúnan los requisitos constitucionales y legales. El padrón electoral definitivo se publica este viernes 13 de noviembre en el sitio del Juzgado Electoral Provincial, junto con los lugares de votación y los horarios de los comicios.

De cara a la elección, referentes de la abogacía plantean reformas al funcionamiento del organismo. El presidente electo del Colegio Público de Abogados de Ushuaia y candidato a consejero por el Distrito Judicial Sur, Clemente Vidal Oliver, sostuvo que el Consejo arrastra problemas de diseño: “Lo hacemos porque entendemos que las cosas en el Consejo de la Magistratura no funcionan como deberían funcionar”.

Entre sus propuestas figuran reglamentar la selección de magistrados con puntajes por antecedentes académicos, profesionales y judiciales; restituir las evaluaciones psicofísicas para los aspirantes; devolver a la Asociación de Magistrados un rol consultivo en los procesos de enjuiciamiento; dar a los magistrados representación propia, distinta del integrante que proviene del Superior Tribunal de Justicia; y revisar el mandato de un año de los consejeros.

Sobre ese último punto fue explícito: “Obviamente es un plazo muy difícil hacer una gestión realmente razonable en términos operativos”, porque buena parte del año se consume en conocer el funcionamiento interno del cuerpo. También reconoció un límite de cualquier reglamentación: “siempre va a quedar un espacio de discrecionalidad para el consejero que no se va a poder objetivizar”. Y defendió la apertura del organismo a las familias de víctimas de crímenes sin resolver: “no está mal que el Consejo de la Magistratura escuche a la gente”.